Problemas de titulación y burocracia derivan en una lenta reconstrucción
Algunos dicen que la reconstrucción es un éxito, otros que es un desastre. Lo cierto es que desde el terremoto ocurrido el 15 de agosto del 2007 quedaron miles de damnificados.
En los alrededores de lo que era la cancha de fútbol del barrio La Alameda, a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Pisco, está resumida la situación actual de los afectados por el terremoto que sacudió esta zona del país.
Están aquí reunidos quienes vivían en una casa y ahora viven entre plásticos, como si fueran productos embolsados. Están también quienes vivían en una casa y viven ahora en módulos de madera donados por alguna entidad gubernamental o no gubernamental. Y están, además, quienes vivían en una casa y ahora viven en espacios de ladrillo pelado, la mayoría sin techo porque el bono de S/.6 mil otorgado por el Estado no alcanza para construir una casa medianamente confortable. Son tres nuevas formas de ver la vida después de un terremoto de 7,9 grados en la escala Richter.
En un escenario como este, condimentado durante los últimos días por las quejas de los pobladores que viven peor que hace un año y por los anuncios y explicaciones de los muchos funcionarios del Estado que han recorrido la zona, es difícil encontrar una causa única que explique lo inexplicable: la reconstrucción de la que tanto se habla avanza casi a la par del descontento de quienes habitan las regiones afectadas. El Gobierno muestra a los damnificados las cifras del dinero invertido y pide paciencia; los damnificados muestran al Gobierno su intolerable nivel de vida y le piden soluciones.
El punto es que en esta zona del país no hay mucha paciencia ni tantas soluciones.
LA BUROCRACIA DE SIEMPRESegún el último informe del fondo de reconstrucción Forsur, el Gobierno ha invertido S/.1.123 millones en las zonas afectadas por el sismo, de los cuales S/.377 millones se destinaron a la fase de emergencia (desde el combustible para los aviones hasta la ayuda humanitaria) y S/.745 millones a la fase de reconstrucción, que se inicia con la remoción de escombros. Y se han entregado 18 mil tarjetas del llamado Bono 6.000. Además, se ha proyectado la construcción de colegios y hospitales y se ha entregado más de 10 mil préstamos a través del Banco de la Nación. También se ha reubicado a miles de familias en distintos puntos de Chincha, Pisco e Ica.
Según las cifras del Forsur, además, en los últimos meses se han entregado más de 18 mil títulos de propiedad, aunque este sigue siendo el núcleo del problema, un problema que empieza hace décadas con familias que habitan viviendas sin contar con un título formal, y que se agudiza con un terremoto que derrumba estas viviendas y que dificulta la entrega de ayuda concreta. Quienes conducen el proceso de reconstrucción tienen como mejor alternativa la de reubicar a estos pobladores en lugares cercanos --como se ha hecho ya en Túpac Amaru Inca (Pisco) y en Tambo de Mora y Pueblo Nuevo (Chincha), pero primero debe aprobarse un proyecto de ley para expropiar tierras en desuso y utilizarlas como complejos habitacionales.
El proyecto, sin embargo, lleva varias semanas encarpetado en una oficina del Congreso.
"El Ministerio de Economía no transfiere oportunamente el dinero por un problema de la burocracia de mando medio enquistada en el Estado. El presidente viene y ordena y los proyectos se inician, pero los que revisan los papeles detienen todo.
Peor aún, y este es otro punto fuerte en el pliego de reclamos, los bonos no son suficientes para construir algo que pueda parecer una vivienda, pues los materiales de construcción se han encarecido y solo la mano de obra abarca casi la mitad de esos S/.6.000.